Según informes, la fiscalía de Corea del Sur perdió una gran cantidad de bitcoins incautados durante la custodia estatal tras sufrir un ataque de phishing a mediados de 2025. El incidente pone de manifiesto la brecha grave entre la autorización legal y la ejecución de operaciones seguras, ya que el sistema no logró gestionar adecuadamente estos bitcoins después de obtener el control legal de los mismos. Este caso enfatiza que la confiscación de activos digitales requiere procedimientos de custodia sólidos, y no solo un marco legal, lo que advierte a los gobiernos de todo el mundo sobre la necesidad de fortalecer la confiscación de criptomonedas.