Con el auge acelerado de la computación de inteligencia artificial en Estados Unidos, la resistencia comunitaria se está convirtiendo en un factor limitante, similar a la oposición que enfrentó la minería de Bitcoin en el pasado. Desde Georgia hasta Texas, los gobiernos locales han emitido prohibiciones y examinado cuidadosamente su impacto en la infraestructura, los costos de energía y el consumo de agua. Como respuesta, gigantes tecnológicos como Microsoft y OpenAI han prometido proporcionar marcos relacionados, en los que los centros de datos asuman por sí mismos la actualización de la red eléctrica y los costos energéticos. Sin embargo, a diferencia de las operaciones flexibles de minería de Bitcoin, la carga de trabajo continua de los centros de datos de inteligencia artificial limita su papel en la gestión de la red eléctrica, lo que ha llevado a estados como Nueva York a proponer medidas de protección más estrictas para los grandes usuarios de electricidad.