Abordar el fraude generalizado representa una palanca crítica para reducir el costo de vida. Las cifras cuentan una historia sobria: la nación pierde más de medio billón de dólares anualmente en esquemas fraudulentos. Esta enorme pérdida de riqueza se refleja en la economía, impulsando la inflación y erosionando el poder adquisitivo de los hogares. Las recientes iniciativas políticas señalan un cambio decisivo en las prioridades de aplicación de la ley, con las autoridades comprometidas a luchar contra las redes de fraude sistémico. El objetivo declarado es recuperar los trillones actualmente perdidos por engaños, redirigiendo ese capital hacia un crecimiento económico productivo. Tales medidas podrían transformar la confianza del mercado y el comportamiento del consumidor, particularmente en sectores afectados por déficits de confianza.